La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exigió el cese de la persecución judicial contra periodistas, medios de comunicación y directivos de medios de Venezuela, en su 69 Asamblea General realizada en Denver, EEUU, del 18 al 22 de octubre del 2013.
Logo de la SIP
CONSIDERANDO
Que el proceso electoral con miras a las elecciones de diciembre de 2013 exige el respeto a la integridad de los periodistas y las garantías de poder informar con libertad total el acontecer de este transcendental proceso
CONSIDERANDO
Que continúan cerradas las 34 emisoras (2009), el canal televisivo RCTV y RCTV Internacional y que se retiraron las principales operadoras de televisión por suscripción Atel TV y Global TV
CONSIDERANDO
Que periodistas, empleados y propietarios de medios de comunicación se encuentran amenazados y fuera de Venezuela, por un exilio obligado
CONSIDERANDO
Que el control que ejerce el gobierno del presidente Nicolás Maduro sobre los poderes públicos le ha permitido aprobar y seguir imponiendo leyes y reglamentos denunciados como violatorios de la Constitución Nacional y de los tratados Internacionales, ya que niegan esenciales derechos humanos como libertad de expresión e información, lo que ha sido muy notorio con la creación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA)
CONSIDERANDO
Que esas legislaciones favorecen la criminalización de la disidencia y la persecución simplemente por razones políticas sin el debido proceso
CONSIDERANDO
Que los medios de comunicación viven en constantes amenazas de sanciones y cierres
CONSIDERANDO
Que en estos últimos meses se registró una ola creciente de demandas, acciones y procesos judiciales contra los medios de comunicación privados, sus directivos y propietarios
CONSIDERANDO
Que continúan mermando los inventarios de papel, tinta, planchas y otros insumos esenciales, por no poder acceder a las divisas de Cadivi y que esto ha causado el cierre de periódicos
CONSIDERANDO
Que el Principio uno de la Declaración de Chapultepec establece:¨Ninguna persona o sociedad puede ser libre sin libertad de expresión y libertad de prensa. El ejercicio de estas libertades no es una concesión de las autoridades sino un derecho inalienable de los pueblos¨
LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE
Exigir el cese de la persecución judicial contra periodistas, medios de comunicación y directivos de medios
Hacer un llamado a las autoridades de Venezuela a mostrar plena disposición y tolerancia al libre ejercicio de la libertad de prensa
Condenar ante la comunidad internacional, la Organización de los Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas, las actuaciones y leyes violatorias de los principios democráticos que ha sancionado el presidente Maduro, y denunciar que estas violan los derechos humanos, la libertad de expresión y el acceso a la información
Reclamar al presidente Nicolás Maduro la revisión y derogación de leyes que sean violatorias de los principios democráticos, de los derechos humanos, la libertad de expresión y el acceso a la información
Exigir al gobierno el cumplimiento de la Constitución Venezolana y de los Tratados Internacionales
Hacer un llamado a las autoridades de Venezuela a facilitar el acceso a las divisas Cadivi para la compra de insumos de prensa
Instar al gobierno a que garantice los derechos humanos y la libertad de información, la vida e integridad de los periodistas, de sus compañeros de trabajo y sus bienes, sobre todo en medio del próximo proceso electoral.
INFORME SOBRE VENEZUELA PRESENTADO EN LA ASAMBLEA DE LA SIP
En este período sucedieron hechos que agravan y agravarán la situación e libertad de prensa, tanto por las agresiones contra medios de comunicación y periodistas, y las restricciones de divisas para productos importados para la producción de periódicos, como por la creación de un organismo oficial de censura, el retiro del Estado de la Sistema Interamericano de Derechos Humanos desde el 10 de septiembre y la solicitud del presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional de una Ley Habilitante que le permita legislar por 12 meses, con el fin de atacar la corrupción y solventar la situación económica que aqueja al país.
En este semestre, además ocurrieron varios traspasos de propiedad y compra-venta de medios de comunicación tanto nacionales como regionales, y aunque en su mayoría no han variado en mucho su política editorial, sí se ha sentido el efecto en sus audiencias. Caso emblemático es el de Globovisión, donde varios programas de información y opinión fueron retirados. En la programación de medios del Estado también dejaron de transmitirse programas que contaban con importante audiencia.
En este período también se registró una ola creciente de demandas, acciones y procesos judiciales contra los medios de comunicación privados, lo que ha sido calificado por diversas organizaciones como severos ataques a la libertad de expresión.
El 1 de agosto el periodista Leocenis García, editor del grupo 6to Poder, fue imputado y encarcelado, acusado por el presidente de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, Julio Chávez, por el delito de presunto lavado de dinero. Ya antes, tanto a él como al periódico, se le habían congelado sus cuentas bancarias. El 5 de agosto a raíz de la congelación de bienes, el director del periódico, Alberto Rodríguez, anunció el cierre formal de la empresa. García se mantiene detenido tras las rejas en la Dirección de Inteligencia Militar.
El 8 de agosto los diarios El Nacional y Tal Cual fueron multados con 1 por ciento de sus ingresos del año 2009, por publicar y replicar- respectivamente- una imagen del estado deplorable de la morgue de Bello Monte en Caracas. Asimismo el tribunal determinó que El Nacional no podrá publicar imágenes de contenido violento, armas, asaltos, cadáveres ensangrentados y desnudos.
Días antes y de manera sorpresiva (el 27 de julio) las autoridades judiciales a petición de la Fiscal General, acordaron la prohibición de enajenar bienes, gravar y la congelación de las cuentas bancarias personales del director de El Nacional, Miguel Henrique Otero.
Al diario Correo del Caroní y a su presidente editor, David Natera Febres, el tribunal judicial del estado Bolívar le prohibió publicar informaciones sobre el empresario minero Yamal Mustafá por “difamación e injuria” y “daños y perjuicios”; mientras tanto deberá pagar una multa de 20 millones de bolívares .
El Juzgado dio luz verde a la medida de embargo contra el Correo del Caroní y David Natera y fijó una fianza por 46 millones de bolívares.
El 10 de octubre, la Fiscal General de la República, ordenó el inicio de una investigación contra el diario 2001, “por crear zozobra en la sociedad” en referencia al suministro de gasolina en el país. Explicó que aplicará “sanciones fuertes” contra el rotativo por publicar en primera plana un “titular falso”, que a su juicio busca desestabilizar la paz nacional.
Los investigadores Marcelino Bisbal y Andrés Cañizález coinciden en que el control de los medios de comunicación no sólo se mide por el número de estos en manos del Estado. La aplicación de medidas administrativas, judiciales y económicas constituye un mecanismo de dominación.
Dijeron Bisbal y Cañizalez que, la política comunicacional del gobierno es reprimir la crítica a través de procesos judiciales y económicos. Varias leyes y procedimientos jurídicos impulsados por el Ejecutivo se configuran para “generar mecanismos de autocensura e intimidación, tanto en los medios como en sus profesionales de la comunicación”.
El Instituto Prensa y Sociedad en Venezuela (IPYS) publicó otro estudio que coincide con la apreciación de ambos investigadores. El texto también refiere al diario La Mañana en el estado Falcón, donde se ha denunciado censura en ciertos contenidos por autoridades judiciales.
Además el IPYS menciona las acciones contra los periodistas Horacio Contreras, locutor y director de Studio 102.7 FM, y Leonardo León, locutor de ULA 107.7 FM y corresponsal del diario El Nacional en Mérida, acusados de difamación, así como los señalamientos y citación a un tribunal al periodista y locutor Nelson Bocaranda.
De igual forma la SIP ha exigido al gobierno la inmediata libertad de Víctor Manuel García Hidalgo, editor y director del portal de noticias “Informe Cifras”, encarcelado desde marzo. García Hidalgo está recluido en la penitenciaría para procesados por delitos comunes, Yare III.
Un problema grave para los periódicos lo constituye la falta de divisas para adquirir el papel, tinta y otros insumos en los periódicos como repuestos, equipos y maquinarias.
En agosto, cinco diarios regionales dejaron de circular por falta de papel. En el interior circulan más de 40 periódicos afectados y 25 dicen estar en aprietos. Esto ha llevado a los más pequeños a quedarse sólo con sus ediciones en línea, a reducir sus páginas o tirada, y hasta a salir en día alternos.
Debido al control cambiario (desde 2003), se ha reducido la capacidad de compra de las importadoras de papel y otros insumos para las rotativas, como planchas de impresión y la tinta.
Belkys Blomdell, directora del diario El Caribazo (Nueva Esparta), precisó que su periódico, que tira de 15.000 a 25.000 ejemplares, “adelgazó” de 32 a 16 páginas en el último año. Igual sucede con el diario Los Llanos que pasó de 28 páginas a 20.
También los periódicos pro gobierno, como Vea, dicen pasar por las mismas peripecias. Piden que se agilicen los trámites y que se instale una fábrica de papel en el país.
A partir del 1 de octubre, el diario El Impulso del estado Lara, uno de los más antiguos del país, comenzó una versión más reducida de su edición. Además se imprime sin color. Informó que ha estado comprando a precios onerosos los insumos disponibles dentro del país, calificando de “calvario” el reunir los recursos para mantenerse en circulación.
Forzado por la falta de papel, planchas y otros materiales de costosa y difícil importación en estos momentos, Antorcha, el diario con mayor trayectoria de circulación en Anzoátegui, anunció su cierre temporal luego de 59 años de existencia. Otros periódicos que dejaron de publicarse son: El Sol de Maturín, estado Monagas; Versión Final, en el estado Zulia; El Caribazo, La Hora y El Caribe, estado de Nueva Esparta; Los Llanos y El Espacio, en el estado Barinas.
En días pasados fueron invitados los dueños de periódicos regionales a la Comisión de Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional, con la finalidad de abordar problemas, entre ellos, la falta de papel.
El presidente-editor del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, rechazó que la Asamblea Nacional aprobara en días pasados cifras multimillonarias a los medios oficialistas para la compra de papel.
Dijo que “lo irónico es que la AN aprobó la semana pasada un monto multimillonario (de divisas) para unos periódicos oficialistas, que son del Gobierno realmente. Ese dinero es para importar directamente el papel para esos periódicos, que son absolutamente oficialistas”.
El Gobierno creó el 7 de octubre el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), lo que implica que podrá declarar de carácter reservado, clasificado o de divulgación limitada cualquier información, hecho o circunstancia que considere estratégicos para preservar la seguridad nacional y prever y neutralizar potenciales amenazas de enemigos internos o externos.
El artículo 3 indica que el nuevo organismo “solicitará, organizará, integrará y evaluará las informaciones de interés para el nivel estratégico de la nación, asociada a la actividad enemiga interna o externa, provenientes de todos los organismos de seguridad e inteligencia del Estado y otras entidades públicas y privadas, según lo requiera la Dirección Político-Militar de la Revolución Bolivariana”.
El decreto es casi idéntico al publicado en Gaceta Oficial el 1 de junio de 2010, mediante el cual se creó el Centro Situacional de Estudios de la Nación (Cesna).
Los considerandos de ambos decretos son los mismos y las diferencias en los artículos se limitan a la adscripción del órgano al Ministerio del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión del Gobierno (en vez del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, al cual estaba adscrito el Cesna), y a la incorporación de términos como desestabilización y enemigos internos y externos.
El artículo noveno establece la posibilidad de censura en los mismos términos. El desconocimiento de las garantías constitucionales para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información fundamentaron la impugnación del Cesna ante el Tribunal Supremo de Justicia por el Colegio Nacional Periodistas, el Sindicato nacional de Trabajadores de la Prensa y la ONG Espacio Público.
En la demanda interpuesta ante el TSJ se argumentó que el artículo 57 de la Constitución impide censurar a los funcionarios públicos para que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad. Y que el artículo 143 establece que las restricciones a las informaciones por razones de seguridad nacional deben estar expresamente definidas en una ley formal emanada de la Asamblea Nacional, la cual no existe; de manera que no sería suficiente un decreto ley dictado mediante poderes especiales concedidos al jefe del Estado.
Hechos relevantes en este período
El 8 de marzo, la prensa extranjera protestó por agresiones en contra de la periodista Andrea Rengifo de RCN, televisión.
El 22 de marzo, la caricaturista del diario El Universal, Rayma Suprani, acudió a la Fiscalía General de la República a denunciar ser víctima de amenazas.
El 2 de abril, Conatel inició un procedimiento administrativo sancionatorio contra Globovisión, “por la supuesta interferencia ocasionada a la alocución” en cadena de radio y televisión realizada por Nicolás Maduro, encargado de la Presidencia.
El 6 de abril, el camarógrafo de Globovisión, Héctor Sánchez, denuncia violencia en una pauta del Minci. Tuvo que huir del sitio por temor a ser golpeado.
El 16 de abril, el presidente electo, Nicolás Maduro, exhortó a los medios de comunicación a definir “con quién están”, al hacer alusión a su proyecto político de “paz o progreso” o el que lidera Henrique Capriles.
El 16 de abril, funcionarios de la Policía de San Francisco en el estado Zulia, detuvieron a un equipo de reporteros del diario La Verdad que cubrían protestas con cacerolas de electores, que exigían el recuento de los votos de las elecciones presidenciales.
El 17 de abril, 150 motorizados vestidos con franelas rojas lanzaron bomba molotov al diario La Región, además vociferaban consignas oficialistas. Grupos armados amenazaron con quemar vivos a periodistas.
El 23 de abril, Miguel H. Otero denunció otro intento de invasión a El Nacional en la sede de El Silencio.
El 2 de mayo, Espacio Público, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y el Círculo de Reporteros Gráficos, registraron 248 denuncias de violaciones a la libertad de prensa en Venezuela durante 2012.
El 9 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos remitió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso relacionado a la televisora venezolana Radio Caracas Televisión (RCTV).
El 9 de mayo, el diputado Edgar Zambrano propuso a sus pares oficialistas la modificación del Reglamento de Interior y Debates, para restituir el acceso de los medios de comunicación al hemiciclo de la Asamblea Nacional.
El 15 de mayo, el presidente Maduro criticó duramente a El Universal y a su propietario por hacer un “festín de la muerte” con el problema de la inseguridad. Tachó su portada del día de hoy como “asquerosa” y ordenó a Ernesto Villegas, ministro para la Comunicación e Información, citarlo a una reunión.
El 19 de mayo, los medios de comunicación que integran el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información (Sibci) deben estar preparados para enfrentar la “guerra mediática”, sostuvo el ministro para la Comunicación y la Información, Ernesto Villegas.
El 20 de mayo, el presidente Maduro se reunió con la directiva del canal privado Venevisión (VV), encabezada por el empresario Gustavo Cisneros, en un intento por “cambiar” el modelo de televisión en Venezuela.
El 24 de mayo, el presidente de la Comisión de Medios la AN, Julio Chávez (Psuv – Lara), indicó que solo Antv podrá transmitir las sesiones del Parlamento, para evitar que la actividad legislativa sea “presa del sensacionalismo, del amarillismo y del periodismo poco ético y poco serio”.
El 27 de mayo, un explosivo fue lanzado frente a la sede de Panorama desde un carro en marcha, pero no causó víctimas, ni heridos, ni daños materiales. El hecho se produjo a las 8:40 de la mañana.
El 28 de mayo, la SIP condenó el atentado contra la sede del diario Panorama.
El 28 de mayo, fue detenido en Italia, Rafael Poleo. El periodista asegura que es parte de la persecución en su contra.
El 29 de mayo, la directiva de Atel TV exige a Conatel la restitución de su señal.
El 31 de mayo, condenan censura impuesta por la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, en contra del periodista de El Universal, Eugenio Martínez.
El 28 de junio, el presidente Maduro aseguró que la derecha venezolana destruyó el ejercicio del Periodismo mediante la mentira y la manipulación al no decir la verdad ni ser objetivos.
El 4 de julio, la Fiscalía General de la República citó al periodista Nelson Bocaranda, acusado de los hechos de violencia ocurridos el pasado 14 de abril.
El 11 de julio, la Sala Constitucional declaró improcedente el recurso de nulidad interpuesto por Marcel Granier, Oswaldo Quintana C. y la sociedad mercantil RCTV, C.A., contra el artículo 192 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.
El 22 de julio, el periodista Juan José Farías, reportero de sucesos del diario La Verdad en el estado Zulia, denunció ante la Fiscalía Superior reiteradas amenazas que ha recibido en el ejercicio de su profesión por parte de organismos de seguridad y bandas organizadas que operan en la región.
El 26 de julio, solicitan investigar a Leocenis García por presunta evasión fiscal, defraudación tributaria y legitimación de capitales.
El 27 de julio, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, solicitó congelación de cuentas de Miguel Henrique Otero y orden de aprehensión contra el periodista Alfredo Peña.
El 2 de agosto, Leocenis García del grupo editorial 6to Poder, fue imputado y recluido en una base militar el 1 de agosto por presunto lavado de dinero.
El 16 de agosto, el presidente Maduro denuncia una “operación de manipulación pública”: “La prensa burguesa tapa la corrupción”.
El 20 de agosto, Globovisión estrenó nueva programación, tras la salida del reconocido periodista Leopoldo Castillo, quien por 12 años dirigió “Aló Ciudadano”, emblemático espacio del canal, que confrontaba al gobierno.
El 29 de agosto, el canal regional Global TV fue retirado de manera sorpresiva por las operadoras de televisión por suscripción.
El 4 de septiembre, el diario Versión Final con cede en la ciudad de Maracaibo, fue adquirido por nuevos propietarios oriundos del estado Zulia.
El 19 de septiembre, la SIP reiteró al gobierno de Venezuela su pedido por garantías jurídicas y debido proceso en favor del periodista y editor Leocenis García, quien permanece en una dependencia militar desde que fue detenido el 30 de julio pasado.
El 25 de septiembre, el presidente Maduro que comprar el diario El Nacional “es como comprar ácido muriático y desayunar con eso todos los días”.
El 30 de septiembre, el presidente Maduro pidió al Poder Judicial y a la Fiscalía de su país evaluar “medidas especiales” que le otorguen al Ejecutivo las facultades para poder “castigar esta guerra psicológica que ejerce la prensa escrita, la televisión y la radio” por las informaciones que difunden sobre el desabastecimiento de alimentos en Venezuela.
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