El Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS) divulgó el «Estudio 2014: Censura y Autocensura en periodistas y medios de Venezuela» donde analiza con detalles la grave situación que confrontan los periodistas y los medios de comunicación para ejercer el periodismo y defender el derecho a la libertad de información y de expresión de los venezolanos.
A continuación publicamos algunos fragmentos del capítulo relacionado con la censura de la investigación que incluye las percepciones de 225 periodistas que laboran en medios privados (89%), comunitarios (5%), estatales (3%), e independiente (3%), ubicados en los 13 principales estados de Venezuela: Anzoátegui, Aragua, Área Metropolitana de Caracas, Barinas, Bolívar, Carabobo, Falcón, Lara, Mérida, Monagas, Portuguesa, Táchira y Zulia.
La orden es el silencio
«Los síntomas de la censura y autocensura en periodistas y trabajadores de medios privados, estatales, comunitarios, e independientes comienzan a sentirse con mayor regularidad en Venezuela. Aunque son diversos matices los que se delinean, ubican en un primer eslabón a la censura como fenómeno social que se expresa mediante órdenes y presiones directas e indirectas. Esta irregularidad, evidentemente, afecta la independencia, la pluralidad, la diversidad y la calidad informativa.
Estas coacciones -que tienden a volverse naturales- comprenden diversos emisarios de poder en el sector estatal, privado e independiente. Su recurrencia debe significar un primer llamado de atención que necesita respuestas, no sólo para preservar las libertades periodísticas, sino para garantizar los principios básicos de la democracia. Son elementos que deben llamar a la reflexión ante un panorama de país en el que la actuación de grupos económicos, políticos y sociales son característicos de una sociedad en la que prevalece la opacidad y otras desviaciones que han debilitado la independencia y la autonomía de sus instituciones.
Resulta preocupante que, luego de hacer una revisión integral del ejercicio del periodismo en Venezuela, surjan evidencias que afiancen la percepción de que los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación sean parte de los conflictos sociopolíticos de Venezuela, aún por encima de las dificultades económicas, sociales y culturales. De alguna manera, estas perspectivas se demuestran con señalamientos constantes de diversos grupos de poder estatal y privados orientados a criminalizar y desprestigiar con un verbo hostil la importancia que tiene el periodismo -como ejercicio de denuncia, información y contraloría social- para la sociedad democrática.
Estos son los rasgos generales que se desprenden del Estudio 2014: Censura y Autocensura en periodistas y medios de comunicación de Venezuela, que desarrolló el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela). La investigación abarcó las percepciones de 225 periodistas que laboran en medios privados (89%), comunitarios (5%), estatales (3%), e independiente (3%), ubicados en los 13 principales estados de Venezuela: Anzoátegui, Aragua, Área Metropolitana de Caracas, Barinas, Bolívar, Carabobo, Falcón, Lara, Mérida, Monagas, Portuguesa, Táchira y Zulia.
Se trata de una investigación que se afianza en la confidencialidad de la identidad de los consultados, un estudio de carácter cuantitativo con una muestra seleccionada de manera aleatoria, cuyo proceso de recolección de datos se ejecutó mediante un cuestionario digital, aplicado entre el 1 de agosto al 5 de septiembre de 2014.
Censura
El Estudio 2014: Censura y Autocensura en periodistas y medios de Venezuela revela que en el país son frecuentes las órdenes expresas por parte de los poderes estatales, sin embargo éste no es el único actor que intenta prohibir o silenciar a los periodistas. También, se ejercen presiones de parte de los propios medios de comunicación —entendidos como industrias— y de grupos económicos privados, políticos y de delincuencia organizada, entre otros.
Los resultados obtenidos en esta investigación indican que la mayor parte de las órdenes directas de censura son emitidas por las instituciones del Estado. Los encuestados perciben en el poder ejecutivo -del que dependen los gobiernos nacional, regional y local- una actuación directa en materia de censura (34%). Luego, señalan de censores al poder judicial (17%), al poder legislativo (14%), al poder moral (7%), y al poder electoral (6%).
Estas mismas evidencias se desprenden de poderes no estatales. Los consultados perciben órdenes directas de censura por parte de grupos económicos privados (16%); de grupos políticos (8%); de grupos de delincuencia organizada (6%); de agrupaciones sociales independientes (3%); y de las organizaciones de la sociedad civil (1%).
Presiones indirectas
Además de los mandatos expresos que afectan la labor de periodistas y medios de comunicación, se reportan otras acciones indirectas que, igualmente, tienen intenciones de censura. Las percepciones de los periodistas consultados reflejan que se han ejercido presiones oficiales para modificar un producto informativo en el que ellos han estado trabajando (42%); han ocurrido impedimentos en la emisión informativa (15%); se han recogido ediciones -generalmente en medios impresos- (6%), y se ha llegado a cerrar medios en los que laboraban algunas de las personas consultadas (2%).
A parte de las órdenes de censura que son promovidas por actores externos, las tendencias del estudio infieren que el medio de comunicación, entendido como empresa, también se comporta como censor. Así se evidencia cuando 29% de los encuestados considera que se han inhibido de desarrollar un contenido periodístico porque de todas maneras la empresa comunicacional para la que laboran no lo iba a difundir.
Este factor de desestímulo ante la inminente censura —que incluso hace a los periodistas declinar en una información de interés público— predomina por encima de la posibilidad de exponer su integridad física, del temor de afectar a un tercero por cualquier incidente que se pueda producir a partir de una publicación, o de las amenazas que constituyen las normativas que regulan el ejercicio periodístico y los medios de comunicación social en el país.Los periodistas de medios privados, estatales y comunitarios e independientes, que participaron en el estudio, indican que 43% de ellos ha recibido lineamientos -internos y externos- que prohíben la cobertura de algunos asuntos públicos sobre temas concretos (y que sí se pueden abordar desde otras perspectivas para ajustarse a la línea editorial del medio).
En la consulta los periodistas refirieren haber recibido órdenes expresas de cambiar la redacción (39%). Esto implica un cambio en el lenguaje empleado, regularmente para modificar connotaciones que pueden causar molestias o generar otras repercusiones. Más allá de respetar los estándares lingüísticos y éticos, estas imposiciones pueden representar cambios de significaciones, que podrían llegar a suavizar o modificar conceptos que son compartidos por la sociedad, con la finalidad de no incomodar a las fuerzas de poder.
A 35% de los consultados -en la investigación sobre censura y autocensura que realizó IPYS Venezuela- se le ha prohibido expresamente cubrir y/o publicar una información sobre un hecho noticioso, y también se les ha negado la posibilidad de cubrir un tema en particular. A 34% se le ha dicho que no puede nombrar a una fuente determinada en una información que vaya a ser publicada. Por las presiones que se han ejercido sobre la cobertura periodística, 17% de los participantes manifiesta que, luego de incidentes de este tipo, fueron cambiados de fuente de información.»
Para leer el estudio completo del IPYS Venezuela pulse aquí.
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