La situación de deterioro democrático en Venezuela y sus efectos destructores para la libertad de prensa

El informe sobre la grave situación de los medios de comunicación y del ejercicio del periodismo en Venezuela se presentó en la 70 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se realiza en Santiago de Chile del 17 al 21 de octubre del 2014.

El director del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, fue el encargado de dar a conocer el informe que, entre varios aspectos, indica que el régimen venezolano ha negado o mantiene en el limbo, desde hace más de 18 meses, la transferencia de divisas a proveedores de papel y otros insumos; más de 30 medios impresos están afectados por la escasez de papel, y al menos 12 han dejado de circular temporal o definitivamente y más de 2.000 páginas Web están permanentemente bloqueadas.

A contiuación el informe completo divulgado por la SIP:

La situación de deterioro democrático y sus efectos destructores para la libertad de prensa siguen agravándose.

En los últimos seis meses se produjo una gran cantidad de protestas y manifestaciones públicas, en el curso de las cuales muchos ciudadanos, en su mayoría jóvenes estudiantes y periodistas, fueron detenidos, amenazados, algunos torturados y otros procesados judicialmente. A los trabajadores de la prensa les han sido decomisados sus equipos, limitada o entorpecida su labor, mientras que a otros les fueron borradas sus memorias fotográficas por los funcionarios policiales o militares, o en su defecto por los llamados “colectivos populares”, grupos civiles armados identificados ideológicamente con el Gobierno.

La prensa escrita atraviesa por otra severa amenaza para su subsistencia debido a la escasez de papel periódico y demás insumos esenciales, limitante que determina el cierre paulatino de medios independientes o la reducción de sus páginas a mínimos históricos. El Gobierno ha negado o mantiene en el limbo, desde hace más de 18 meses, la transferencia de divisas a proveedores de papel y otros insumos.

Más de 30 medios impresos están afectados por la escasez de papel, y al menos 12 han dejado de circular temporal o definitivamente. El diario Tal Cual, anunció que dejará de circular a partir del 22 de octubre, por carecer de papel y padecer toda una gama de acosos, que incluyen los judiciales. Esto trae como consecuencia la pérdida de líneas de crédito y la imposibilidad de asegurar importaciones de toda índole, en un país donde todo escasea, nada se produce, y casi todo cuanto se consume se importa.

En la actualidad imperan tres tipos de cambio legales de la moneda, y un cuarto renglón, el paralelo, negro, o “innombrable”, puesto que si bien existe y es caldo de cultivo para la corrupción, el Gobierno prohíbe referirse a ese cuarto tipo de cambio, so pena de ser acusados de conspiradores. En este sentido, la discrecionalidad gubernamental al momento de aplicar sus decisiones en el otorgamiento de los tres tipos de cambio mencionados, es lo que sobresale como norma, por lo que existe una notoria discriminación de derechos.

El Estado creó la Corporación Editorial Alfredo Maneiro (CEAM), dependiente de la Presidencia, que se encarga de procesar las importaciones de papel y revender luego, a discreción siempre, las cantidades requeridas por los medios impresos.

El 12 de agosto, la Asamblea Nacional aprobó un crédito adicional para la CEAM y autorizó una inversión de casi dos millones de dólares para culminar la “la construcción, adecuación y equipamiento de la infraestructura” de esa editorial.

El secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Lic. Marco Ruiz, ha declarado, al efecto, que la centralización de las importaciones de papel periódico a través de un único ente dependiente de la Presidencia, significa una manera de “institucionalizar el control del Estado sobre la prensa”, de tal suerte que en sus manos está la sobrevivencia o desaparición de los medios impresos.

Ruiz recordó que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha señalado que las limitaciones para adquirir papel son violaciones a la libertad de expresión e información.

Miguel Henrique Otero, presidente-editor del diario El Nacional, ha lamentado las dificultades que soportan los editores, y denunció que están expuestos “a una descalificación” de la cual es imposible defenderse. “Nos involucran en magnicidios y terrorismos para sembrar el miedo y deslegitimarnos”, señala. Se queja asimismo de una constante “presión administrativa y económica”, puesto que desde el poder “usan el Seniat (ente recaudador de impuestos) para revisarnos a nosotros y a nuestros medios”. Eso, aparte de la inseguridad a la que “estamos sometidos para obligarnos a dejar el país”.

Por tercera oportunidad este año, el diario El Impulso, de Barquisimeto, con 110 años de existencia, estuvo a horas de interrumpir su circulación por falta de papel. En las dos fechas iniciales, desempeñaron un papel decisivo para impedirlo, los oportunos préstamos de papel otorgados por la Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos (Andiarios). En la tercera coyuntura se logró una negociación “in extremis” con la Corporación Maneiro, del Estado venezolano.

Entre septiembre de 2013 y septiembre de 2014, varios periódicos dejaron de circular, entre ellos: el Diario de Sucre (estado Sucre), Antorcha (estado Anzoátegui), El Expreso y El Guayanés (estado Bolívar), Revista M, Primera Hora, de circulación gratuita perteneciente a la editora El Nacional C.A. (Área Metropolitana de Caracas).

Otros cuatro han suspendido de manera temporal sus operaciones: los diarios Versión Final (Zulia), De Frente (Barinas) y El Sol de Maturín, y la Revista Etcétera –editada por el diario La Prensa (Monagas).

Fueron suspendidos también los suplementos Eva’s y Chamo’s, del diario El Siglo (estado Aragua) y Papel Literario de El Nacional.

Unos 34 periódicos y revistas de 11 estados han expresado dificultades para mantener sus operaciones y se han visto obligados a reducir el número de páginas o a dejar de circular los fines de semana.

Entre ellos el Correo del Caroní, estado Bolívar, no circula los fines de semana, Notidiario redujo de 28 a 24 páginas y semanario de San Félix sale con 16 páginas. En Aragua, El Siglo circula a dos cuerpos y El Periodiquito disminuyó de 40 a 24 páginas. En Trujillo, Los Andes bajó de 32 a 24 páginas; en Táchira el diario La Nación redujo de 36 a 16 páginas; en Falcón el diario La Mañana disminuyó de 42 a 32 páginas y el Diario Nuevo Día también se redujo. En Caracas, la publicación El Propio y la Revista SIC, del Centro Gumilla de la Compañía de Jesús también han informado de dificultades.

Además de los problemas de la prensa escrita, los periodistas están afectados por el clima de inseguridad creciente. Como contexto hay que referirse a febrero. Grupos de estudiantes protagonizaron protestas en todo el país de manera pacífica. Sin embargo, fueron repelidos por militares, con el uso de armas de guerra y sustancias tóxicas prohibidas, así como por funcionarios policiales dependientes del Ministerio del Interior y los citados “colectivos” armados. El saldo: 31 muertos y al menos 40 casos de tortura documentados, algunos de los cuales fueron denunciados ante organismos internacionales. A más de 2.000 jóvenes los encarcelaron y sometieron a medidas cautelares judiciales. Decenas de ellos, por tener casa por cárcel, perdieron sus respectivos semestres en las universidades.

Últimamente como muestra del desbordamiento de la violencia y la crispación social, quedó en evidencia la pérdida del control de los aludidos “colectivos”. El centro de Caracas fue escenario de un prolongado e intenso enfrentamiento armado entre las fuerzas policiales, con helicópteros y francotiradores, contra grupos paraestatales afectos al Gobierno, con saldo de otras cinco muertes, y de un número desconocido de heridos.

En casi todos estos hechos el gobierno no fue transparente. Las fuerzas de seguridad han impedido el trabajo de los periodistas, mientras que los medios de Estado, y aquellos privados coludidos con el Gobierno, han guardado silencio.

A todo esto hay que sumarle que persiste el control del Estado sobre todo en el espectro radial, televisivo, escrito, tendencia que ahora también se expande hacia las redes sociales.

En abril, se conoció del cambio de propietarios y de la línea editorial de El Universal. El traspaso de propiedad (a pesar de que la legislación dispone que la identidad de los accionistas de cualquier empresa debe ser del conocimiento público), se mantiene sin transparencia. Es evidente el notorio cambio en la línea editorial, en la plantilla de articulistas y el retiro de periodistas, sobre todo de aquellos que han mantenido una postura crítica frente a los ataques del Gobierno a la libertad de expresión. La caricaturista ancla de ese periódico, Rayma Suprani, fue despedida luego de que presentara una pieza referida a la dramática crisis de salud.

La autocensura ha cobrado un auge inusitado debido al contexto de violencia y a los procesos judiciales penales, prohibiciones de salida del país, campañas de difamación, o la pérdida de las licencias en el caso del ámbito radioeléctrico. Incluso se han montado procesos judiciales con denunciantes en forma anónima, llamados “Patriota Cooperante”. Esto pese a que la fiscal general informó que debe haber un denunciante debidamente identificado para estos casos.

Fueron cerradas innumerables portales de Internet y cuentas de Twitter. Los órganos de control consideraron que se han trasmitido informaciones, formulado opiniones o difundido noticias, lesivas a la revolución. Eso basta para tildar al responsable de “traidor a la patria”. Es habitual, por otra parte, el “jaqueo” de las cuentas personales de correo electrónico de periodistas y personeros que han alcanzado notoriedad pública. Esos contenidos de carácter privado son exhibidos por voceros oficiales a través de la poderosa plataforma comunicacional, sin réplica posible, práctica que contraría las leyes y viola derechos constitucionales.

En cadena nacional de radio y televisión el 18 de septiembre de 2014, el presidente Maduro amenazó a 11 medios nacionales e internacionales con iniciar acciones legales por promover terrorismo psicológico contra el sistema de salud relacionado a un brote de enfermedades que ocasionaron la muerte a varias personas. Maduro acusó de promover una guerra psicológica y campaña de desinformación y terrorismo a los medios internacionales BBC Mundo, CNN, Voz de América, Notirápida, El Nuevo Herald y ABC; a los nacionales El Carabobeño, El Nacional, El Nuevo País y el portal La Patilla, así como a la dirigente opositora María Corina Machado a través de sus mensajes en Twitter.

El canal internacional de noticias NTN24 informó que el 16 de septiembre, sin notificación alguna, su portal web fue bloqueado en la jurisdicción de Venezuela. En febrero, la señal de televisión había sido retirada de la parrilla de programación de todas las operadoras de cable que operan en el país, por órdenes directas del presidente Nicolás Maduro.

NTN24 pudo establecer que el bloqueo se inició dentro de la red de la empresa estatal de telecomunicaciones, CANTV, y se propagó a otros operadores. El Gobierno, mediante su organismo regulador de las telecomunicaciones, CONATEL, es el único que puede manipular la infraestructura de conectividad y lograr este tipo de censura.
El otorgamiento o renovación de los permisos de operación de medios electrónicos se ha convertido en un burocrático, lento y complejo proceso de numerosos requisitos, controles y procedimientos. Por esto ha llevado a que numerosas emisoras no cuentan con sus permisos de operación, mientras que la falta de documentación, es utilizado por Conatel como otro mecanismo de presión.

Las emisoras de radio han sido también blanco de “procedimientos administrativos sumarios de sanción” y de críticas a sus contenidos informativos. A dos programas de opinión de la estación Radio Caracas Radio RCR-750 AM se les abrieron procesos administrativos y se les prohibió su transmisión.

El 19 de agosto, Conatel ordenó el cierre de Radio Sensacional FM 94.7 de Barinas, por supuesto “vencimiento de la concesión”. La radio, que durante 22 años se mantuvo en el aire, afirmó que estaba cumpliendo con todas sus responsabilidades legales y tributarias.

 

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