Venezuela usa censura y hostigamiento judicial para castigar a la prensa

Censura, hostigamiento judicial, restricciones legales y administrativas, han sido utilizadas por diversas instancias del Estado venezolano para castigar líneas editoriales críticas al régimen y a sus funcionarios, se indicó en el informe sobre la situación de la libertad de expresión en Venezuela divulgado durante la reunión semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en Guatemala.

En el informe se precisa que las prácticas intimidatorias, la violencia institucional y física que criminaliza la búsqueda y difusión de información, se han agravado en este período. Simultáneamente, se ha producido un escalamiento de la crisis política y económica que ha alcanzado niveles inéditos.

La arremetida no se limita solo contra los medios de comunicación, sino que se extiende a todos los sectores de la sociedad que exigen sus derechos y protestan. Esas acciones, que provienen de cuerpos policiales, militares, grupos paramilitares y de la acción de tribunales, tienen como uno de sus objetivos predilectos a periodistas y reporteros gráficos.

Se ha convertido en práctica recurrente el desalojar a periodistas de calles y avenidas donde ocurren las protestas, para impedir tanto la información de las demandas ciudadanas como las acciones represivas que ejecutan los llamados cuerpos de seguridad del Estado. En 2016 se produjeron 123 hechos de intimidación.

Para evitar que periodistas, reporteros gráficos e info-ciudadanos realicen la cobertura de hechos públicos, el régimen utiliza la violencia física y verbal, la intimidación y el amedrentamiento, el robo y la confiscación de equipos, la expulsión de zonas o de los edificios públicos. El gobierno utiliza su poder mediático para denigrar e insultar a periodistas, editores y medios.

El silencio estatal sobre los índices de escasez e inflación vulnera el derecho a la información. El deterioro progresivo de la alimentación y la salud, carece de indicadores transparentes y confiables.

Fuentes vinculadas al Banco Central de Venezuela (BCV) señalaron que para el primer semestre del año, la inflación se ubicó en 176,2%, tras seis meses de vigencia del Decreto de Emergencia Económica, mientras que el Fondo Monetario Internacional estimó que en 2016, la inflación fue de 720%.

Se impide el registro de los eventos mediante desalojos forzados, confiscación y robo de equipos, por parte de cuerpos de seguridad, grupos violentos y particulares. Más de la mitad de las víctimas son periodistas. En muchas ocasiones, reporteros gráficos han sido el blanco de agresiones, amenazas o intimidación. Los medios son atacados en sus instalaciones o sometidos a procesos judiciales. Esta última situación también se extiende a propietarios, directivos y consejos editoriales. Los cuerpos de seguridad han ignorado, tanto por complicidad con grupos violentos o por omisión, las denuncias de las víctimas.

La conectividad sigue deficiente en el país. Según el ranking mundial sobre la velocidad de Internet, un diagnóstico de Ookla, Venezuela ocupa el lugar 194 del mundo, con una velocidad promedio de conexión de 2,23 Megabytes por segundo (Mbps).

La mayor operadora del país, la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), a la que pertenece una de las tres operadoras de telefonía móvil, Movilnet, es de propiedad estatal. Asociado con la baja velocidad, la deficiente calidad del servicio impone serias y limitaciones de acceso.

Las empresas sufren limitaciones económicas y ausencia de divisas para la renovación adecuada de sus plataformas. El ente regulador suspendió el aumento de las tarifas.

Sin embargo, ante la reducción sostenida de medios independientes y el incremento continuo de ataques contra la prensa, Internet ha adquirido mayor relevancia. Ante ello, los ataques gubernamentales digitales se incrementan con la acción de hackers, bloqueo de señales y amedrentamiento.

Se registraron ataques a cuentas personales y sitios web de periodistas, medios e instituciones.

El 27 de noviembre, Andrés Eloy Méndez, director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), mencionó que están realizando un estudio de derecho comparado para regular el uso de internet y las nuevas tecnologías. “Las redes sociales son muy peligrosas, por allí se han hecho cosas abominables desde el anonimato. Vamos a la consulta de la norma y lo regulamos, porque tenemos el deber y la competencia de hacerlo”, dijo Méndez a Venevisión.

Censura, hostigamiento judicial, restricciones legales y administrativas, han sido utilizadas por diversas instancias del Estado para castigar líneas editoriales críticas al régimen y a sus funcionarios.

Se ha agudizado la política de monopolización del papel prensa por parte del régimen, implantada con la creación de la Corporación Maneiro, en el año 2013. La “escasez” de papel que afecta en especial a los medios de línea crítica.

En los últimos tres años, siete diarios han suspendido de forma indefinida su circulación por la falta de papel.

La Corporación impone obstáculos burocráticos, dilata la venta, incumple los plazos o vende bajo criterios discrecionales. Veinte diarios salieron temporalmente de circulación, nueve de ellos en 2016, tras serias crisis en la obtención de insumos, en su mayoría con reducciones significativas y cambios de formato.

Doce medios impresos con sede en Caracas, y en los estados Monagas y Zulia no circularon o realizaron ajustes de impresión y circulación durante la temporada navideña para ahorrar papel: El Nuevo País, la Revista Z y el Diario El Nacional; los diarios regionales La Verdad de Monagas, El Sol de Maturín, El Oriental, La Prensa de Monagas y El Periódico de Monagas; los diarios La Verdad y Qué Pasa, del estado Zulia; y diario El Carabobeño, del estado Carabobo.

El último semestre de 2016 se registró la disminución de paginación y la suspensión de los encartes y las ediciones especiales en 22 medios impresos de Caracas y 11 estados del país.

Los diarios que reportaron fallas fueron Tal Cual y el semanario La Razón, en la ciudad de Caracas; El Norte, El Metropolitano, Nueva Prensa y Hora Cero, en el estado Anzoátegui; Nueva Prensa de Guayana y Correo del Caroní, en el estado Bolívar; El Carabobeño, Notitarde y La Costa, en el estado Carabobo; Diario Región en el estado Sucre; La Mañana y Nuevo Día, en el estado Falcón; El Clarín, en el estado Aragua; El Impulso, en el estado Lara; Diario La Nación, en el estado Táchira; La Verdad, Qué Pasa, El Regional y Versión Final, en el estado Zulia; y Diario Los Andes, que circula en los estados Mérida, Táchira y Trujillo.

Muchos de estos medios ya no circulan impresos o lo hacen de forma esporádica.

La prensa extrajera también ha sufrido ataques por parte del régimen. En solo dos meses, se impidió el trabajo de 17 periodistas extranjeros. Esto incluye la expulsión de CNN En Español que comenzó a transmitir por internet.

El 15 de febrero Conatel ordenó a los cableoperadores y otros servicios de televisión por suscripción eliminar las transmisiones de CNN en Español. La decisión fue tomada por la molestia del gobierno por la difusión de la investigación “Pasaporte en la sombra”. Entre los acusados de la red de venta de pasaportes se encuentran la canciller Delcy Rodríguez y el actual vicepresidente Tareck EL Aissami.

Conatel emitió un comunicado sobre CNN en Español instando a los medios, dueños de medios, concesionarios de frecuencias radio electrónicas, operadores de medios electrónicos, periodistas, corresponsales y en general, a todos los que tienen acceso a medios de difusión a compartir información veraz y oportuna, ajustada a los valores de la sociedad venezolana.

Crece la tendencia de ataques cibernéticos en contra de portales de prensa y de ONG’s. Ocurrió con el Correo del Caroní, cuyo jefe de Redacción confirmó que tuvieron conocimiento del ataque cibernético, luego que usuarios no pudieron acceder al portal web.

Se han presentado también ataques contra la oenegé Acción Solidaria, que vela por los derechos de las personas con VIH/Sida en el país. La cuenta de Twitter de la Conferencia Episcopal Venezuela difundió un mensaje, el viernes 10 de marzo, que informó del hackeo y secuestro de su sitio web, una situación intermitente que se extendió por más de 10 días.

IPYS-Venezuela registra en 2017 un incremento en el número de denuncias por Ataques de Denegación de Servicios (DDoS) contra portales informativos en el país. El primer caso registrado ocurrió contra Aporrea.org cuando estuvieron fuera de línea entre el 16 y el 20 de febrero.

Entre el 8 y el 10 de marzo los ataques de DDoS se produjeron contra las páginas web de Caraota Digital y El Pitazo, y el intento de hackeo contra Provea. Los mismos ataques se han producido contra maduradas.com y atodomomento.com.

Estos ataques ocurren, luego que el portal web del programa televisivo “Con El Mazo Dando”, conducido por Diosdado Cabello, difundió el 3 de marzo, una nota en la que 45 ONG venezolanas fueron acusadas de conspirar contra el gobierno.

El gobierno ha contratado especialistas de distintas partes del mundo para silenciar el flujo de noticias y opiniones atacando los servidores y bloqueando el acceso a través de las plataformas de internet nacional.

La incertidumbre de los editores y periodistas que están exiliados continúa. Sus juicios no avanzan y se amenaza con cárcel si regresan al país a través de los medios oficialistas.

Braulio Jatar es el único editor preso en el país. Se le ha mantenido en condiciones indignas, en tres centros de reclusión distintos, por más de 60 días. Jatar, de nacionalidad chilena-venezolana, es director y editor del portal de noticias Reporte Confidencial, con sede en Margarita, estado Nueva Esparta.

Según su familia y abogados, el Ministerio Público dictó condena por el delito de legitimación de capitales. Previamente, Reporte Confidencial, cubrió críticamente al presidente Nicolás Maduro en su visita proselitista a en Margarita.

La única “prueba” que se presentó en contra de Braulio Jatar fue un informe de la Dirección de Contrainteligencia Militar, en el que se acusaba al director del portal de “terrorista” y “traidor a la patria”.

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