Artículo de Espacio Público- En febrero la sociedad venezolana fue testigo de persecución, hostigamiento e intimidación llevada a cabo por un Estado que utiliza el acoso como arma para silenciar la disidencia; cierre de medios, discriminación laboral, detenciones arbitrarias a ciudadanos y periodistas, amenazas y citaciones a sacerdotes son algunas de las acciones que castigan la expresión en Venezuela.
En aras de castigar la expresión y al margen de lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal (Copp) que establece la prohibición de privar de libertad a personas mayores de 70 años, el pasado viernes 02 de febrero en horas de la madrugada funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) irrumpieron en la casa del abogado de 84 años Enrique Aristiguieta Gramko, sin una orden judicial que justificara la detención, fue presentado ante tribunales civiles por convocar una huelga general en enero de 1958 y dejado en libertad posteriormente al no demostrarse culpabilidad en los cargos. Días antes de la detención Diosdado Cabello denunció en su programa que un “peligroso” grupo de opositores se reunían en el Country Club de Valencia, entre ese grupo se encontraba el abogado.
Detenido por cuestionar la eficiencia de Corpoelec
Una política de Estado enmarcada en la retaliación contra los empleados públicos limitándoles la expresión e imponiendo un solo modo de pensar se evidenció en la detención de Elio Palacios, quien es empleado y secretario general del sindicato único de la clase trabajadora de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) fue aprehendido el 14 de febrero por denunciar que en los próximos días el sistema eléctrico venezolano sufriría un colapso, el hecho fue considerado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) como “divulgación de información falsa para causar pánico y zozobra”.
Control de redes sociales a empleados públicos
Así como Corpoelec castiga la expresión de sus trabajadores, Petróleos de Venezuela (PDVSA) a través de una comunicación firmada por su consultor jurídico Alexis Chacón, impuso restricciones a su personal sobre el uso de las redes sociales.
El comunicado fue divulgado el 20 de febrero y en su contenido prohíbe a los empleados “seguir” a cuentas no oficiales en las redes, explicando que de no seguir este “lineamiento” serán objeto de “sanciones disciplinarias o despido” puesto que el incumplimiento de esta medida “atenta gravemente contra la seguridad y la estabilidad operacional de la empresa”.
Acciones como estas vulneran no solo la estabilidad de los empleos sino el derecho a la libre expresión y el derecho a la protesta como mecanismo fundamental para expresar la incomodidad que los trabajadores puedan tener en el ejercicio de sus funciones. La Constitución, así como la legislación venezolana en materia laboral es explícita en la prohibición de cualquier tipo de discriminación que anule las condiciones de igualdad en el disfrute pleno de los derechos y la libertad.
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